Los PEPs (Personas Expuestas Políticamente), según la definición tomada de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son “individuos a los que se les confía o se les ha confiado a nivel nacional o internacional, funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, altos cargos políticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de corporaciones estatales, importantes funcionarios de partidos políticos.”
Es importante resaltar también que, todas las personas que posean algún tipo de vínculo personal o jurídico con quienes cumplan o hayan cumplido funciones públicas, también se les considerará como PEP.
¿Por qué es importante contar con normativa sobre PEPs?
“El Gobierno de Colombia trabaja en políticas para fortalecer la lucha contra la financiación del terrorismo, el lavado de activos y la corrupción, y regula estas políticas por medio del decreto 830 del 26 de julio de 2021, con el fin de contar con mejores controles para prevenir el riesgo de LA/FT y la corrupción que puede afectar a los altos funcionarios y así cumplir con toda la normatividad internacional”, así lo afirma la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, Beatriz Elena Londoño Patiño.
Estas normativas nacen en consecuencia del llamado que tiene el país a cumplir con las obligaciones con diferentes entes internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las recomendaciones del GAFI, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Con este decreto, se pretende que las entidades vigiladas realicen procesos de debida diligencia a sus contrapartes para monitorear su relación comercial con los PEP, esto para evitar el riesgo LA/FT al que están expuestas estas personas.
Estos son los principales cambios de la norma
Como uno de los principales anexos que tuvo este decreto, está el plazo de tres meses que se le dio al Departamento Administrativo de la Función Pública para incluir en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) a todos los funcionarios públicos que sean considerados como PEPs.
También fueron adicionados numerales referentes a cargos nuevos que no se incluían en la normativa anterior, los cuales son:
- Numeral 13: Tesoreros y ordenadores del gasto de la Altas Cortes y Tribunales, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contaduría General de la Nación y Auditoría General de la República.
- Numeral 15: Notarios y Curadores Urbanos.
- Numeral 16: Ordenadores del gasto de universidades públicas.
Todos estos cargos nuevos ya fueron incorporados en la herramienta SDS.
Así mismo, los PEPs estarán en la obligación de informar todo lo relacionado con su cargo, fecha de vinculación y desvinculación, el nombre e identificación de su cónyuge o compañero permanente y de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil; también es de carácter obligatorio declarar si posee cuentas financieras en otro país.
Adicionalmente, se hace énfasis en que la calidad de PEP se mantendrá, después de ejercer el cargo, por el término de dos años desde la renuncia, despido o cualquier otra forma de desvinculación que tenga la persona.
Por otro lado, el Gobierno sigue trabajando en la normativa con el fin de mejorar las herramientas existentes para combatir y erradicar los riesgos de lavado de activos y corrupción que afectan a los PEP.
Es así como en Stradata trabajamos continuamente para que toda la información referente a los numerales contenidos en el Decreto 830 del 26 de julio del presente año, se actualice y esté completa, contamos con la mejor tecnología y la experiencia de un equipo certificado en la gestión de riesgos LAFT y te brindamos soluciones para optimizar y potencializar el proceso de validación, en este caso de las personas expuestas políticamente (PEP).
No dudes en contactarnos para que cumplas con esta normativa de manera ágil y eficiente.
Referencias:
