La atención de la emergencia del COVID-19 ha incrementado los casos de corrupción en el ámbito nacional e internacional. La celeridad que se requiere en la toma de decisiones y la actuación ha evidenciado la necesidad de mecanismos ágiles que garanticen la transparencia y permitan dar una respuesta oportuna ante la crisis.
La corrupción, se ha posicionado como un fenómeno global, nacional e internacional, que impide el crecimiento económico de los países.
A raíz de la situación mundial en la que nos encontramos actualmente por la pandemia del COVID-19, se ha evidenciado un aumento de acusaciones de corrupción en Colombia y en varias partes del mundo. Los países han desembolsado millones y billones de dólares para combatir la epidemia del coronavirus y las repercusiones económicas que éste ha causado.
Ante la necesidad de actuar de manera rápida, se han presentado situaciones que impiden el normal desarrollo de los procedimientos diseñados para controlar, evitar o mitigar los riesgos de corrupción, ya que, ante las circunstancias del COVID se pueden dificultar las tareas de supervisión manejadas cotidianamente por las entidades públicas y privadas.
Bajo esta situación, es necesario buscar mecanismos ágiles que permitan responder ante la crisis que se está desarrollando, se pueden generar nuevas vías para cometer actos ilícitos de corrupción con los flujos financieros, donde se afiance el aumento de patrimonio de los funcionarios corruptos, así como el aumento de la desigualdad, entre otros. Por estas razones, se necesitan mecanismos que faciliten la transparencia, que permitan hacer control social, para garantizar que la destinación de los recursos y provisiones suministrados para contrarrestar la pandemia son utilizados para su fin específico y no para fines y actos corruptos.
Situaciones de corrupción más comunes durante la pandemia
1. Colombia
Descripción
Se presentaron sobrecostos o irregularidades en el proceso de contratación en varios departamentos, los cuales generaron alertas en los organismos de control, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de alimentación, compra de camillas y equipos biomédicos relacionados con la emergencia social, económica y ecológica por el COVID-19.
La Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación anunciaron que se encontraban investigando varios casos en los que podría haber tergiversación de los recursos para atender la emergencia por el coronavirus en varios departamentos del país. Así mismo, la Contraloría General de la República fue otro ente que identificó presuntos sobrecostos con una posible pérdida para el erario de 427.000 millones de pesos, situación por la que se han proferido 245 alertas.
Los entes destacaron que encontraron contratos en los que se facturaba un producto muy por encima de su valor real, es decir, una sobrevaloración del precio que se encuentra en el mercado.
Señales de alerta
- Facturas cuyos montos estaban sobrevalorados.
- Documentos probablemente de contenidos falsos.
- Adjudicación de contratos por valores significativamente mayores a los precios de mercado de los bienes o servicios en cuestión.
- Inexistencia de evidencias de que se ha realizado una adecuada documentación del proceso de contratación.
2. Panamá
Descripción
Posibles irregularidades en el cumplimiento de normas estructurales y de seguridad, así como un presunto sobrecosto de más de $3 millones en la construcción del Hospital Modular para pacientes de COVID-19.
Los expertos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) hallaron un posible sobrecosto de más de $3 millones en la construcción del hospital modular de Albrook e irregularidades en el cumplimiento de las normativas para instalaciones de salud.
Dichos expertos hicieron una cotización paralela a la de SmartBrix para el suministro e instalación de infraestructuras modulares de uso hospitalario, para una facilidad de 100 camas. El valor del contrato de SmartBrix es por $6.9 millones y la comisión encontró que la obra tendría un sobrecosto de 229 %.
Los modulares y accesorios que SmartBrix cotizó en $2.8 millones, fueron cotizados por los expertos en poco más de $1 millón, mostrando una diferencia de $1.8 millones, igualmente, el techo de los módulos tuvo un costo de $629 mil, pero, según el informe, el trabajo se pudo hacer por $376 mil.
El Ministerio Público Panameño informó la apertura de una investigación de oficio por la posible comisión del delito contra la administración pública.
Señales de alerta
- Informe realizado por grupo de expertos donde realizan una cotización paralela que demuestra la irregularidad en los costos.
- Borrador y documentos de propuesta para los arreglos del Hospital Modular.
- Ejecución de contratos sin la debida interventoría.
- Adjudicación de contratos por valores significativamente mayores a los precios de mercado de los bienes o servicios en cuestión.
- Existencia de estudios previos notablemente direccionados.
- Ausencia de soportes que evidencian que la entidad ha realizado una supervisión efectiva a la ejecución del contrato.
3. Honduras
Descripción
Presuntas irregularidades en las compras que efectuó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19, tendría información ambigua.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló un informe en donde se detallan serias irregularidades en el proceso de compras y usos de fondos autorizados a la Comisión Permanente de Contingencias durante la emergencia sanitaria.
Una vez realizada la revisión de la documentación solicitada a Copeco, relacionada con cheques pagados y los pendientes por pagar en el período del 17 de marzo al 4 de abril del presente año, los cuales correspondían a 105 cheques por la suma total de 49.011.281.21 lempiras, se evidenció que los mismos no cuentan con la documentación administrativa necesaria para haber iniciado un trámite de compra, por tanto, no hay certeza de las autorizaciones oportunas, denotando fallas administrativas que han permitido que muchos procesos de compra ya realizados o pendientes presenten deficiencias que pueden traducirse en responsabilidades en una investigación.
Así mismo, se reveló que los procesos utilizados para las compras no cumplieron con las normas establecidas para la eficiente y buena administración; además, que se utilizó como intermediarios a empresas que se dedicaban a actividades totalmente distintas a los productos e insumos que se compraron.
También, se estableció que Copeco realizó compras antes de que el TSC instalara la comisión de auditores, emitiendo 88 cheques por un valor de 32.348.893.21 lempiras.
Señales de alerta
- Cheques pagados sin la documentación necesaria para iniciar el trámite de compras.
- Emisión de cheques antes de la instalación de auditores.
- Fallas administrativas en los procesos de compras.
- Ausencia de soportes que evidencian que la entidad ha realizado una supervisión efectiva a la ejecución del contrato.
- Adjudicación de contratos por valores significativamente mayores a los precios de mercado de los bienes o servicios en cuestión.
- Escogencia de un proponente cuyo objeto social es demasiado amplio o incompatible y presenta una inexperiencia demostrada en el sector y en el desarrollo del objeto del contrato.
- Incumplimiento de los procesos y procedimientos de gestión documental de la entidad, que impide la adecuada sistematización de los procesos.
4. Perú
Descripción
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15 denuncias a nivel nacional relacionadas con compras sobrevaloradas de productos sanitarios adquiridos para la Policía Nacional (PNP), en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19).
En varias regiones del Perú, la Fiscalía Anticorrupción adelanta investigaciones por las compras de mascarillas, guantes y material de aseo como gel antibacterial, valorizadas en casi 800 mil soles, productos adquiridos presuntamente de manera irregular a través de empresas sin experiencia en el rubro y con nexos con policías en actividad.
Los fiscales revelaron que las compras de mascarillas, alcohol en gel y demás insumos sanitarios, cuyo costo supera el millón de soles, no sólo estarían sobrevaloradas, sino que además no son aptas para el uso humano.
La sospecha inició con el alcohol en gel, debido que se necesitaban 6.000 unidades, pues la Unidad Ejecutora encargada invitó de inmediato, a través de email y directamente, a la empresa Inversiones CEAR SAC para que cotizará dichos productos. Sin embargo, el valor de lo requerido al parecer llegó antes de la fecha formal en la que se hizo la cotización oficial. Para el 28 de marzo del 2020, la empresa había vendido cinco mil unidades de alcohol en gel sin registro sanitario y presuntamente falsificado.
Del mismo modo, en dicha investigación el fiscal anticorrupción, advirtió que la actividad principal de esta empresa no sería la comercialización de estos productos, debido a que, se realizó una verificación en la que se evidenció que dicha empresa se dedicaría a la venta de comida y bebidas y tabaco, y a la venta al por menor de productos cosméticos, médicos y productos de tocador en comercios especiales.
Señales de Alerta
- Participación de algunas de las empresas propiedad de los vinculados.
- Empresas conformadas por familiares de funcionario público.
- Contratación de personas que no cumplen con los perfiles requeridos para los cargos en cuestión y quienes demuestran posteriormente una evidente incompetencia en el ejercicio de sus funciones.
- Ejecución de contratos sin la debida interventoría.
- Empresas desconocidas o sin experiencia que son contratadas para la ejecución de proyectos por parte de entidades estatales.
- Empresa de cónyuge de funcionario público contratada para suministrar los productos requeridos, con actividad principal distinta a la contratada.
- Escogencia de un proponente cuyo objeto social es incompatible y presenta una inexperiencia demostrada en el sector y en el desarrollo del objeto del contrato.
- Inexistencia de evidencias de que se ha realizado una adecuada documentación del proceso en cuestión.
5. Ecuador
Descripción
La corrupción ha infectado los tres niveles del Estado central, provincial y municipal. En los tres meses que lleva el decreto presidencial de estado de emergencia de ese país, el cual agiliza la contratación pública relajando los controles previos, se han destapado cientos de irregularidades en la compra de materiales médicos.
La Fiscalía de Ecuador inició 141 investigaciones relacionadas con la epidemia, del mismo modo que, la Contraloría está examinando el uso de dinero público en cerca de 200 contratos, siendo intervenidas instituciones públicas como la Seguridad Social o la Secretaría General de Riesgos.
Las pesquisas se fueron realizando a través de un mega operativo entre Quito y Guayaquil, la capital y la ciudad más golpeada por el coronavirus, con el resultado de 37 allanamientos y 17 detenciones, entre ellas, la del expresidente Abdalá Bucaram y la de la máxima autoridad del Gobierno provincial de Guayas.
Todo se fue presentando cuando el portal oficial de compras públicas realizó un contrato, bajo modalidad de emergencia, de un millón de dólares en el que el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) estaba dispuesto a pagar 12 dólares por mascarilla, cuando el precio de mercado era de 5 dólares. Es por esto, que las entidades quedaron en la mira pública y en algunos casos personas sin sus puestos, como lo son el director de IESS y los responsables de la adquisición, así mismo, el representante ejecutivo del Seguro Social de ese país.
No obstante, días después, se dio la renuncia de la directora de la Secretaría de Riesgos, encargada de coordinar las medidas de emergencia, la cual renunció por las acusaciones de haber pagado sobreprecio en las bolsas de comida que está entregando el Gobierno como ayuda social a las familias con menos recursos.
Dada estas situaciones, empezaron a salir a luz pública un sin número de procesos contractuales cuestionados por irregularidades que han puesto en la mira de la Contraloría General del Estado, a 13 gobiernos provinciales, 48 municipales y a 111 hospitales y casas de salud públicas.
Señales de Alerta
- Contratos de suministros para la pandemia sobrevalorados.
- Funcionarios públicos inmersos.
- Falta de seguimiento del cumplimiento de las garantías del contrato.
- Existencia de estudios previos notablemente direccionados.
- Ejecución de contratos sin la debida interventoría.
En conclusión…
Conforme avanza la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, las entidades nacionales e internacionales de las distintas jurisdicciones, se han venido esforzando en la implementación de medidas que permitan mitigar y evitar, en lo posible, el alza en los casos de corrupción. Puesto que, se necesitan reglas precisas que atenúen el riesgo de corrupción en las entidades, en las nuevas contrataciones y en todo lo posterior que esta pandemia traerá, permitiendo el cumplimiento de las normas, generando transparencia en los procesos y confianza en la sociedad.
La corrupción es una problemática que se enfrenta a nivel mundial y que acarrea riesgos enormes que se pueden mitigar.
Autor: L. Siosi.
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